Sin embargo, no existen modelos estándar de prevención de delitos, sino que deben adecuarse a las particularidades de cada empresa. Entonces, la ley contempla la certificación a cargo de empresas certificadoras debidamente reconocidas para establecer el cumplimiento de normas estándar para combatir la corrupción y lavado de activos, denominada la responsabilidad penal corporativa. Nuestra legislación recoge, con ello, la experiencia internacional que indica que uno de los mayores riesgos en las empresas es la inexistencia de modelos de prevención de delitos o que estos no sean eficaces. En consecuencia, la certificación, se transforma en la única herramienta eficaz para evaluar de manera independiente y profesional la efectividad del modelo, pudiendo constituir prueba directa de la existencia de un gobierno corporativo responsable y un medio de protección de la persona jurídica ante la imputación de actuaciones ilegales. Esta certificación se hará valer ante la justicia penal en la forma establecida en la ley, por parte de sus propietarios o controladores como una eficaz herramienta de defensa.